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Estos son los países del continente africano con los que España no tiene convenios de extradición:

2. Este Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a aquel en que tenga lugar el canje de los instrumentos de ratificación y seguirán en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después del día de la recepción de la denuncia.

La defensa de la letrada se basa principalmente en que no cometió el delito, alegando que que ella es solamente una víctima “ingenua”.

Solicitud de determinación de cantidad que se debe en concepto de frutos, rentas, utilidades o productos

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El juez que investiga a Begoña Gómez cita a declarar como testigo a Pedro Sánchez el próximo 30 de julio

2. La entrega de los objetos citados en el apartado anterior será efectuada aunque la extradición ya acordada no pueda llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga del individuo reclamado.

Si el delito que se imputa al reclamado es punible, según la legislación de have a peek at this web-site la Parte requirente, con la pena capital, la extradición solo se concederá si la Parte requirente da seguridades consideradas suficientes por la requerida de que la pena money no será ejecutada.

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- La persona weblink buscada debe haber sido condenada o estar siendo procesada por el delito que se le imputa.

Esta solicitud debe ser presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de México a través de su Embajada en España y debe contener información detallada sobre la persona buscada y los delitos por los que se le this contact form acusa.

Escrito del ejecutante solicitando que se mantengan los embargos y medidas de garantía, en caso de estimación de la oposición a la ejecución

La extradición entre España y México se contempla tras el tratado firmado entre ambos países con el compromiso de obligarse a entregar recíprocamente, según las reglas y bajo las condiciones determinadas en el tratado de extradición, los individuos contra los cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridos para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta judicialmente como consecuencia de un delito.

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